Aunque no pudimos asistir a la ciudad de Cali, al primer debate entre la MANE y el Gobierno nacional, con el tema Universidad y Sociedad, queremos fijar la posición de MAPA respecto a este tema.
Desde la creación del colectivo MAPA, Madres y Padres de Estudiantes de la Universidad Nacional, en 2007, hemos observado, a grandes rasgos, al menos tres clases de estudiantes, con respecto a su actitud frente a las expresiones políticas cuyo núcleo es la Universidad, y que fuera de sus límites, se describen de manera genérica, como “protestas”. El primer grupo, el más visible, constituido por quienes están vinculados a diferentes organizaciones políticas estudiantiles, son quienes generalmente dinamizan estas actividades y hacen visibles los significados reivindicativos que están en juego en cada ocasión. El segundo grupo, bastante heterogéneo, se constituye en interlocutor del primero y acompaña o no las iniciativas que aquél propone. Dependiendo de cada situación, este grupo puede ser más o menos numeroso y es el parámetro que permite medir el grado de claridad con el que se percibe el fenómeno. Hay un tercer grupo que se mantiene al margen y reclama su derecho a desarrollar sus quehaceres académicos de manera “alejada de politiquerías” o “pérdidas de tiempo”. Este último, tiende a constituir un grupo más o menos constante que bajo una perspectiva ligera, podría ser clasificado como de estudiantes modelo, aquellos que saben que “a lo que se va a la universidad es a estudiar”.
El hecho de que, con frecuencia, dentro de nuestras familias, o círculos sociales cercanos, se perciba simpatía hacia el último grupo y desconfianza o incluso rechazo hacia los dos primeros, hace visible que, en primer lugar, la universidad tiende a reproducir comportamientos de un ente mayor, denominado sociedad y que, si se sigue este razonamiento se puede pensar que, por estar contenida en él, está en la obligación de constituirse en simple reflejo e instrumento funcional para contribuir a los fines económicos y culturales que esa sociedad aparentemente se ha propuesto.
El inconveniente, para que la relación entre sociedad y universidad se dé de manera tan sencilla, radica en que no es cierto que sean iguales, ni que la universidad sea un simple reflejo de la sociedad. Si la universidad cumple los objetivos que históricamente la han configurado, debe ser una comunidad estructurada sobre parámetros de trabajo que buscan alcanzar y construir el conocimiento. La sociedad, a los ojos de la universidad, no es una realidad acabada, sino una realidad en construcción. Cuando nuestros hijos ingresan a la universidad, independientemente del programa en el que estén matriculados, deben quedar inmersos en un ámbito de estudio que los dote de herramientas para entender que lo que tradicionalmente se denomina “realidad”, es solo el estado en el cual la sociedad se encuentra, como fruto de la interacción de sus protagonistas. El juicio que nuestros hijos se formen de esa “realidad”, a partir de la información que sus nuevas herramientas académicas les proporcionan, determina la gama de comportamientos que tengan en lo sucesivo.
La sociedad colombiana que nuestros hijos observan, es un organismo complejo, con una estructura en la cual inmensos grupos despojados de poder, están en condiciones económicas, sociales y culturales por debajo de cualquier indicativo que los parámetros académicos puedan considerar digno, mientras que otros grupos mucho menos numerosos, históricamente han tenido la hegemonía de los poderes económico y mediático, con lo cual adquieren el poder político y de manera creciente convierten al país en un nodo con bajo nivel de autonomía en la estructura de intereses económicos internacionales. La situación resultante es, una sociedad en la cual, por una parte, la palabra “estrato”, adquiere el significado geológico, es decir, una estructura vertical, en la cual unas capas sociales se superponen a otras y dependen de que esta concepción continúe, para mantener su estabilidad y, por otra parte, una deformidad en la cual, los intereses de la capa hegemónica y sus alianzas particulares con el poder internacional, comienzan a presentarse como los intereses del Estado. Nuestros hijos, ante esta situación, seguramente se hacen las preguntas obvias: ¿por qué nos encontramos en esta situación? ¿cómo se podría corregir?
He aquí el punto de partida para un planteamiento complejo de la relación universidad sociedad. Dependiendo del grado de autonomía que la universidad tenga frente a la sociedad, sus acciones, en el intento de dar respuesta a las preguntas anteriores, tendrán mayor o menor alcance. En una primera opción, en la cual la universidad posea un grado mínimo de autonomía, es la sociedad, desde los estratos del poder, la que hace un diagnóstico de las causas de la situación y, bajo esta premisa, solicita a la universidad dedicar su actividad a proveerla de las herramientas que bajo esa óptica considera adecuadas. Esta concepción tiene varios problemas: por una parte, desconoce el más importante activo de la universidad y característica que define su esencia, esto es, la capacidad de desarrollar procesos de pensamiento y análisis, en busca de acercarse de la mejor manera posible al conocimiento objetivo. Por otra parte, asume equivocadamente que esa sociedad, deformada en sus concepciones de poder, posee mecanismos idóneos para reconocer sus deficiencias.
En una segunda opción, en la cual, la universidad posee un alto grado de autonomía, desde su capacidad de análisis se reserva el derecho de hacer su propio diagnóstico y a recomendar a la sociedad los derroteros que considere necesarios para proporcionar los correctivos que den respuesta a las preguntas planteadas. En esta concepción, se valora la capacidad de la universidad para realizar los análisis necesarios, desde su acumulado de siglos de conocimiento.
Las relaciones universidad sociedad, deben estar, pues, mediadas por la mayor autonomía posible de la universidad, para que se pueda permitir objetividad en sus análisis. De estos análisis, en el caso de Colombia, seguramente se desprenderá la necesidad de replantear el contrato social que ha hecho posible una sociedad extremadamente estratificada con grandes capas privadas de la posibilidad de una participación real. La universidad, frente a la sociedad, tiene la responsabilidad de proponer planes de acción cuya pertinencia consista en corregir el modelo de estratificación inequitativo. El diálogo entre universidad y sociedad es indispensable, pero debe estar en capacidad de otorgar voz a interlocutores que hasta ahora han permanecido en silencio. Solo una universidad consciente de los requisitos necesarios para instaurar una verdadera democracia es capaz de formar ciudadanos que exijan una sociedad democrática. Diagnosticar la sociedad, a la luz de las herramientas de conocimiento desde la universidad, incluye formular preguntas que, de ser necesario, pongan en tela de juicio su estructura. Si la universidad se limita a responder al diagnóstico establecido desde las relaciones de poder del modelo actual de sociedad, está contrariando su naturaleza.
Nuestros hijos no están aislados de la sociedad, son los más recientes ciudadanos y como tales, la actitud que adopten frente a los conflictos de su entorno reflejan o no la función integral que haya desempeñado la universidad que los viene formando. Su disposición para entender la sociedad como un campo de acción para ejercer su pensamiento crítico, valida la función última de la universidad.
Como madres y padres esperamos que la universidad no sea el escenario que dote de sentido social el horizonte de unos pocos privilegiados, sino el campo natural donde todo el que lo desee ingrese para ser un miembro más integral de su sociedad. Para que este objetivo se alcance, en el caso de la universidad pública el Estado debe cumplir su deber de asumir la totalidad de su financiación. La universidad es la oportunidad práctica para recuperar el verdadero contenido de expresiones tales como sociedad, cuyo sentido exige las nociones de equidad, inclusión, participación y pluralidad; democracia, como el ejercicio amplio y efectivo de participación real en las decisiones de poder; Estado, como confluencia de los intereses generales y no herramienta para desarrollar lo particular a costa de lo público; pertinencia, como lo conveniente a la mayor cantidad posible de integrantes de la sociedad; derecho, como la facultad de gozar y reclamar todo aquello que define la dignidad humana; ciudadanía, como la condición natural que posibilita el goce pleno de los derechos.
Lograr que nuestros hijos dispongan de una universidad autónoma e incluyente es condición indispensable para alcanzar un país cuya sociedad sea soberana y democrática.
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